En las últimas horas se viralizó un video en el que se informaba que dos senderos del Los Glaciares, en El Chaltén (Santa Cruz), estaban cerrados por falta de personal y, desde hace una semana, se replican las fotos de reclamos en lugares como El Palmar (Entre Ríos) o el Nahuel Huapi (Río Negro). Hasta ahora, la Administración de Parques Nacionales dio de baja 80 contratos, pero la lista podría multiplicarse. Desde el Gobierno repiten que los desplazados son personas que ingresaron en el 2023 o que tuvieron un “mal desempeño en sus funciones” y que las desafectaciones no afectarán a las áreas protegidas. Sin embargo, el dato más llamativo de este nuevo capítulo de la motosierra es Cristian Larsen, el nuevo director del organismo: un bullrichista devenido en libertario que en el 2020 le inició un juicio al Estado luego de ser despedido y que en abril del 2023 fue cuestionado por la Oficina Anticorrupción.
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El nombramiento de Larsen todavía no se hizo oficial, pero el hombre se presentó ante los trabajadores como el nuevo director, asiste a las oficinas y su nombre fue confirmado a PERFIL desde el Ministerio del Interior. Por ahora, hasta que salga su designación, él prefiere mantenerse en silencio. En su entorno insisten en aclarar que el funcionario desistió en su demanda contra el Estado, que “no cobró un peso” y que la resolución de la OA “fue una cuestión administrativa que quedó en la nada”.
El conflicto en Parques Nacionales explotó en redes en los últimos días aunque las alarmas se habían encendido entre los trabajadores del organismo en diciembre, cuando se publicó el decreto 84 que informaba que se darían de baja los contratos firmados por el Ejecutivo nacional durante el 2023. En el organismo, de los 2200 trabajadores, 1194 eran contratados. Algunos, a pesar de tener 10, 15 o 20 años de trabajo, renovaban con frecuencia y, por lo tanto, iban a entrar en la lista de las bajas.
De todas formas, durante unos tres meses el organismo estuvo prácticamente paralizado ya que no se habían designado autoridades. El 12 de marzo hubo un primer movimiento: en el Boletín Oficial se publicó que Marcelo Forgione asumía como vicedirector, y María Victoria Haure y Walter Scibilia como vocales. Larsen se presentó y diez días después comenzaron las bajas.
En la segunda reunión que tuvo el funcionario con los empleados agremiados les informó que su intención es que las áreas protegidas solo funcionen con guardaparques y brigadistas. Desde Interior repitieron que las bajas confirmadas no repercutirán en el funcionamiento de los parques, agregaron que “la mayoría eran contratos muy recientes y una minoría fue desplazada por mal funcionamiento” y repitieron que el personal afectado es sólo administrativo.
PERFIL se comunicó con representantes del Parque Nacional Lanín (Neuquén) y de Los Glaciares. En los dos casos se desmintió la información oficial y se alertó sobre el riesgo que significa el desmantelamiento. En la Argentina hoy existen 55 áreas protegidas, que representan 18 millones de hectáreas entre superficie terrestre y marina. Hay parques inmensos conocidos por su belleza y por atraer el turismo; y otros pequeños y con menos fama, pero fundamentales para preservar especies en peligro de extinción y ecosistemas vitales.
Larsen: un libertario contradictorio
Larsen es un hombre del PRO. Se trata de un abogado especializado en Derecho Tributario que milita en el macrismo desde el 2015. En la política todos lo referencian como el yerno de Hernán Lombardi, pero en el entorno del dirigente repiten que el vínculo es político.
En el 2023, Larsen hizo campaña para Patricia Bullrich y cuando su jefa política saltó a La Libertad Avanza él la siguió. En sus redes tiene fotos con Javier y Karina Milei y posa como un orgulloso soldado de las fuerzas del cielo. Sin embargo, cuando se mira su trayectoria aparecen algunas contradicciones con el discurso libertario. Después de trabajar como auditor en el Gobierno de la Ciudad, en el 2016 ingresó a la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA).
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Larsen trabajó en el organismo por cuatro años y cuando llegaron las autoridades con Alberto Fernández le pidieron que presentara su renuncia. Al abogado le pareció injusto y presentó una demanda contra el Estado. “Él era auditor y no tenía un cargo político. Fue una persecución que lo desplazaran”, repiten los suyos. Algunas personas que trabajaron con el joven abogado lo contradicen: “No solo era un cargo político, sino que era la persona de Lombardi”, repiten.
A pesar del juicio, no pasó tanto tiempo hasta que volvió al organismo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que tres directores de RTA deben ser nombrados por la una comisión bicameral del Congreso. Pocos meses después de que asumiera Fernández, el PRO propuso a Larsen como su representante y él, para regresar, desistió de la demanda.
Los allegados de Larsen se preocupan por dejar en claro que no cobró ninguna indemnización de RTA y que desistió de la demanda “a pesar de que legalmente podía regresar a la empresa y continuar con el juicio”. Quienes recuerdan esta acción del funcionario se preguntan cuál sería su reacción si ahora los trabajadores desplazados de Parques Nacionales siguieran su ejemplo. “Son situaciones diferentes”, responden cerca del director.
Cuando se busca su nombre en Google, además, aparece otro dato llamativo: en abril del 2023, la Oficina Anticorrupción publicó un documento en el que resolvió que Larsen “infringió el artículo 46 del Código de Ética para la Función Pública por haber patrocinado a Mainasal S.R.L. en un reclamo prejudicial contra Radio y Televisión Pública Sociedad del Estado entre el 10 y el 20 de marzo de 2020, o sea antes de que transcurriera un año desde su cese en el cargo de auditor interno de dicha empresa estatal, ocurrido en enero del 2020”.
En los años posteriores al macrismo, Mainasal tuvo encima el ojo de las autoridades y de la prensa. Según una investigación de Tiempo Argentino de 2021 que se apoyó en una auditoría interna de la empresa, la TV Pública contrató a la productora “casi exclusivamente desde el 2016 en adelante (especialmente en 2019), durante la gestión de Hernán Lombardi”.
El periodista Néstor Espósito contó, además, que al principio la titular de Mainasal era Irma Loffi, una mujer de unos 75 años “registrada en AFIP en el rubro ‘servicios personales’, que incluyen actividades de astrología y espiritismo’”. En 2018, la señora renunció a la firma y fue reemplazada por Germán Carlos Fernández Nandín. En el entorno de Lombardi, cuando se menciona el tema, responden de forma automática: “Es una operación de la gente de la Televisión Pública”.
En su resolución sobre Larsen, la OA informó que se remitiría el caso a la Fiscalía Federal N° 11. En el entorno del funcionario insisten en que él jamás recibió ninguna notificación judicial y que se trató de una “persecución”.
En diálogo con PERFIL, Luis Villanueva, ex funcionario de la OA, docente y especialista en políticas de integridad y anticorrupción, habló sobre los alcances reales que tienen las resoluciones de la Oficina: “Debería tener una consecuencia mucho mayor el hecho de haber sido sancionado por violar la Ley de Ética Pública. No puede ser que una persona sobre la cual haya una resolución de este tipo, al año siguente esté a cargo de un nuevo organismo, como si fuera un premio. Se supone que la ética pública es un asunto bastante importante para nuestra vida institucional y democrática”, declaró.
Los Parques Nacionales en alerta
Virginia Gallardo es licenciada en Turismo y trabaja en el Parque Nacional Lanin desde hace veinte años, siempre como contratada. “Lo que más nos interesa que se sepa es que no hubo revisiones de contratos. Eso no existió. Tenemos a disposición las evaluaciones de desempeño, las planillas de asistencia y todos los proyectos que tenemos”, dijo a PERFIL.
En el Lanín se encuentran en estado de alerta desde la publicación del decreto 84 y fue uno de los primeros parques que comenzó a visibilizar la preocupación. “Cuando supimos que se iban a bajar todos los contratos del 2023 nos asustamos porque pensábamos que nos quedábamos sin 18 brigadistas en plena temporada estival. Nos empezamos a movilizar, conseguimos el apoyo del gobernador de Neuquén, de intendentes y concejos deliberantes. Cuando se confirmaron las bajas vimos que no tenían que ver con ese decreto y que tampoco hubo ningún criterio. En el Nahuel Huapi, por ejemplo, no le renovaron a una arquitecta que estaba a nueve meses de jubilarse”.
En el Lanin entre los desplazados se cuenta apersonas de las áreas como Educación Ambiental, Comunicación y Prensa, Uso Público y a un técnico forestal. En estos días, trabajan con guardias mínimas como forma de protesta.
Andrea Torres es brigadista del Parque Nacional Los Glaciares y celebró el video que se viralizó en redes porque colaboró en la difusión. En diálogo con PERFIL, contó que los problemas que atraviesan ya llevan varios años y que se profundizaron con el triunfo de La Libertad Avanza.
“Hay temas que venimos reclamando hace mucho tiempo como el pase a planta de los brigadistas o la jubilación anticipada. Tenemos muy poco personal y todos los años aumenta la cantidad de personas que visitan el lugar. Cuando tenemos emergencias, incendios o gente perdida, tenemos que trabajar en nuestros francos o fuera de horario”, explicó.
En los Parques Nacionales de la Argentina solo los guardaparques están en planta permanente. La gran mayoría del resto son contratados. Por eso, en Los Glaciares también se asustaron cunado supieron del decreto 84, pidieron una reunión con las autoridades locales y preguntaron qué iba a pasar con ellos. “Nos dijeron que nos tomáramos todos los días que teníamos pendientes porque nadie sabía lo que iba a pasar”, contó.
Cuando llegó el fin de semana extra largo de Semana Santa no había personal disponible por ese motivo. La Comisión de Auxilio del Parque, conformada por voluntarios, informó que no iba a estar disponible. Las autoridades, entonces, decidieron cerrar los senderos más riesgosos.
Andrea contó que Larsen les informó que su intención es que los parques funcionen, sobre todo, con brigadistas y guardaparques. Esa versión se corresponde con lo que repiten las autoridades en off, quienes remarcan que la baja en los contratos afectaron a los administrativos. “Hay un problema de mirada. Un meteorólogo, por ejemplo, es clave para que podamos saber cómo encarar un rescate o atender un incendio. Sin un administrativo, ¿quién se va a encargar de comprarles, aunque sea, un sanguchito a los rescatistas que bajamos de la montaña cargando a una persona lesionada en una camilla?”, se lamentó.
Gi