La indignación se apodera de los gremios en Santa Fe, ya que el gobierno provincial ha confirmado su decisión de no cumplir con la paritaria del año 2023. Rodrigo Alonso de Amsafe y Pedro Bayúgar de Sadop expresaron su preocupación ante la alta posibilidad de que el inicio del ciclo lectivo programado para el 26 de febrero se vea afectado por esta medida gubernamental.
En la última reunión paritaria del sector docente, llevada a cabo este jueves, se evidenció un profundo desacuerdo entre los representantes de los gremios y los funcionarios santafesinos. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, manifestó su indignación al enterarse de la decisión del gobierno de no pagar la paritaria 2023, lo que afectaría directamente los ingresos de los maestros. Según Alonso, esto implicaría que el gobierno retendría entre 110 mil y 150 mil pesos que deberían llegar al bolsillo de un maestro de grado.
Además, Alonso criticó la propuesta de volver a discutir la política salarial para el año 2024, considerando los recursos limitados de la provincia, un enfoque rechazado por los gremios. El secretario general de Amsafe también cuestionó duramente al Ministerio de Trabajo, acusándolo de avalar el incumplimiento de un acuerdo paritario y perjudicar a los trabajadores.
Pedro Bayúgar, titular de Sadop, calificó lo sucedido como un hecho inédito y exhortó al gobierno a buscar más recursos, destacando la diversidad de sectores en la provincia de Santa Fe, más allá de la agricultura y la producción. Bayúgar hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que garantice el cumplimiento de los acuerdos, advirtiendo que la falta de pago de la paritaria 2023 no solo afectará el inicio del ciclo lectivo, sino también la confianza en futuras negociaciones.
La falta de cumplimiento de la paritaria 2023 por parte del gobierno de Santa Fe genera una crisis en el ámbito educativo, poniendo en riesgo el inicio del ciclo lectivo previsto para el 26 de febrero. Los gremios instan al Ministerio de Trabajo a actuar como garante de los acuerdos y a encontrar soluciones que eviten la afectación de los trabajadores del sector educativo.





