En un extenso comunicado publicado este sábado en su cuenta de la red social X, Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, expresó su firme decisión de no respaldar el aumento de retenciones propuesto por el Gobierno nacional. El mandatario, aunque reconoció la necesidad de poner fin al déficit, criticó la medida al considerar que perjudica gravemente a Santa Fe.
Pullaro calificó la Ley Ómnibus como un debate crucial que puede cambiar el rumbo del país y analizó detenidamente cómo afectaría a las retenciones y, en consecuencia, a la provincia que lidera. Según sus palabras, «A Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente. Somos la 2da provincia exportadora, 4 de cada 10 dólares que necesitamos para sacar al país del atraso, los aportan los santafesinos».
El gobernador argumentó que el incremento propuesto generaría menos de 400 millones de dólares adicionales para el Gobierno Nacional, pero con el riesgo de perder mercados ya consolidados, lo que podría resultar en una recaudación nula. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas negativas, afirmando que «sumarle impuestos a la producción es una posibilidad menos de inversión para generar empleo, sumar valor agregado, incorporar tecnología. En definitiva, son menos oportunidades para trabajar en la Argentina del futuro».
En la misma línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se manifestó en contra del aumento de retenciones, considerándolo un «mal impuesto que afecta a los sectores productivos». Llaryora expresó su disposición a dialogar con el Gobierno para buscar formas de equilibrar económicamente la situación.
En cuanto a la Ley Ómnibus, se destaca que, según el artículo 200, productos que actualmente no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. Esto afectará a productos de economías regionales que antes no tenían esa presión impositiva o que habían bajado al 0% en la gestión anterior. En el caso de la soja, aunque el grano mantendrá el 33%, el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. La medida ha generado un intenso debate entre los gobernadores y la Comisión de Enlace cordobesa.
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