Cómo fue erradicada la cruel práctica de quemar a las viudas en los funerales de sus maridos en India

Facultaba a los tribunales a imponer la pena de muerte a las personas condenadas por emplear la fuerza o ayudar a quemar viva a una viuda “que hubiera estado intoxicada y no hubiera podido ejercer su libre voluntad”.

La ley de Bentinck era, incluso, más estricta que erradicar la práctica recomendada por los principales reformadores indios que hicieron campaña contra el sati.

Tras la promulgación de la ley, 300 eminentes hindúes -encabezados por el rajá Rammohun Roy- le dieron las gracias. “Nos rescató para siempre del burdo estigma que, hasta entonces, pesaba sobre nuestro carácter de asesinos voluntarios de mujeres”.

Los hindúes ortodoxos presionaron y presentaron peticiones a Bentinck. Citando a eruditos y escrituras, cuestionaron su argumento de que el sati no era un “deber imperativo según la religión”.

Los demandantes acudieron al Consejo Privado, el tribunal de última instancia en las colonias británicas. En 1832, el Consejo confirmó la normativa, afirmando que el sati era un “flagrante delito contra la sociedad”.

“La combatividad sin paliativos de la normativa de 1829 fue quizá el único caso, a lo largo de 190 años de dominio colonial, en el que se promulgó una legislación social sin ofrecer concesión alguna a los sentimientos ortodoxos“, señala Manoj Mitta, autor de “Caste Pride” (Orgullo de casta), un nuevo libro que examina la historia jurídica de las castas en la India.

“Mucho antes de que Gandhi desplegara la famosa presión moral contra el imperio británico, Bentinck había empleado la misma fuerza contra los prejuicios de casta y género intrínsecos al sati”, agrega.

“Al criminalizar esta costumbre nativa que tanto había corroído a los colonizados, el colonizador se había anotado un tanto moral”, escribe.

Pero en 1837, la ley de Bentinck fue diluida por otro británico, Thomas Macaulay, autor del Código Penal indio.

Según Macaulay, si alguien podía alegar con pruebas que había encendido la pira a instancias de la viuda, podía quedar libre de culpa.

En un borrador decía que las mujeres que se quemaban a sí mismas podían estar motivadas por un “fuerte sentido del deber religioso, a veces por un fuerte sentido del honor”.

Mitta descubrió que la “posición comprensiva” de Macaulay sobre el sati encontró eco entre los gobernantes británicos décadas más tarde.

Escribe que su borrador se desempolvó tras el motín de 1857, cuando los soldados nativos hindúes y musulmanes, también conocidos como cipayos, se rebelaron contra la Compañía Británica de las Indias Orientales por temor a que los cartuchos de las armas estuvieran engrasados con grasa animal prohibida por sus religiones.

El reglamento diluido pasó al libro de leyes “encajando en la estrategia colonial de apaciguar a los hindúes de casta alta que habían desempeñado un papel destacado” en la rebelión.

El reglamento de 1862 derogaba las dos disposiciones penales que decían que el sati sería punible como homicidio culposo y la otra que imponía la pena de muerte en casos agravados.

Además, permitía al acusado alegar que la víctima había consentido en que se pusiera fin a su vida en el funeral de su marido, por lo que se trataba de un caso de suicidio y no de asesinato.

Mitta escribe que la dilución de la norma sati fue una “respuesta a los agravios latentes contra la legislación social”: la ilegalización del sati, una ley de 1850 que autorizaba a los hindúes proscritos y apóstatas a heredar los bienes familiares y una ley de 1856 que permitía volver a casarse a todas las viudas.

Pero el desencadenante inmediato de la aprobación de una ley diluida fue la “indignación entre los soldados hindu”, molestos por las noticias de que los cartuchos se habían embadurnado con grasa de vaca.

Entre 1829 y 1862, el delito de sati pasó de asesinato a inducción al suicidio. “Aunque menos practicado desde 1829, el sati siguió siendo valorado y venerado en algunas partes de la India, sobre todo entre las castas superiores”, afirma Mitta.

En un curioso giro, Motilal Nehru -abogado y político que se unió al Congreso Nacional Indio y desempeñó un papel clave en la campaña por la independencia del dominio británico- compareció ante un tribunal defendiendo a seis hombres de casta superior en un caso de sati en 1913 en Uttar Pradesh.

Los hombres afirmaron que la pira se había “prendido milagrosamente por pura piedad de la viuda”.

Los jueces rechazaron la teoría de la intervención divina, deploraron el encubrimiento y declararon a los hombres culpables de instigación al suicidio: dos de ellos fueron condenados a cuatro años de prisión.

Más de 70 años después, se produjo un último giro en la historia del sati.

En 1987, el gobierno dirigido por Rajiv Gandhi, bisnieto de Motilal Nehru, promulgó una ley que penalizaba por primera vez la “glorificación de la práctica”.

Las personas que apoyaran, justificaran o propagaran el sati podían ser castigadas con siete años de cárcel.

La ley también elevaba la práctica a asesinato y reintroducía la pena de muerte para quienes la instigaran.

Esta medida se adoptó tras la indignación generalizada por el último sati del que se tuvo noticia en India, el de una novia adolescente llamada Roop Kanwar en un pequeño pueblo del estado septentrional de Rajastán.

Fue, según Mitta, el 41º caso de sati registrado oficialmente tras la independencia en 1947.

El preámbulo de la ley de Rajiv Gandhi tomaba prestado el reglamento de Bentinck. “Fue un homenaje, aunque involuntario, de un país descolonizado a su antiguo colonizador”, afirma Mitta.

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